Costos y beneficios de los inmigrantes ilegales

Los inmigrantes salvan el Estado del bienestar

Algunos dudan de que el sistema de servicios públicos sea sostenible en plena crisis tras el gran flujo de inmigración - Los extranjeros contribuyen al Estado más de lo que reciben de él

PABLO XIMÉNEZ DE SANDOVAL 16/06/2008

En España, un inmigrante de un país pobre, en situación irregular, sin trabajo, viviendo en la calle, tiene acceso a servicios que no podría tener en su propio país trabajando normalmente. La sanidad y la educación son universales y gratuitas. Si tiene tarjeta de residencia, puede además acceder a una pensión, protección por desempleo, viviendas de protección oficial... ya no le diferencia nada de un español, en cuanto a ayudas se refiere. En los principales países de origen (Marruecos, Rumania o Ecuador), la clase media sufre para alcanzar un nivel de atención social que en España es accesible incluso sin papeles. Es evidente que el sistema gasta en los inmigrantes. Un estrato social de españoles percibe que los servicios públicos están copados por los recién llegados. Algunos partidos políticos europeos ya hacen campaña al grito de "¡No cabemos todos!". ¿No cabemos todos en el Estado de bienestar? La respuesta es sí.

Los inmigrantes son el 8,8% de la población y absorben el 5,4% del gasto público

Su presencia supone un beneficio neto para España de 5.000 millones de euros

Philippe Legrain, autor del libro Immigrants: your country needs them (Inmigrantes: tu país los necesita) realizó recientemente un estudio para el Consejo de la Globalización de Suecia. El Gobierno sueco se propone, al revés que media Europa, estudiar formas de atraer a más ciudadanos extracomunitarios. Legrain analizó el impacto de la inmigración en el sistema sueco de protección social, probablemente el más generoso del mundo, con este punto de partida: ¿Es compatible la inmigración libre con el Estado de bienestar europeo?

Dentro de este planteamiento general, Legrain se pregunta si la beneficencia de los países ricos es un imán para inmigrantes. Es decir, si se vive mejor de la beneficencia en los países ricos que trabajando en los países pobres, es una buena razón para emigrar. Y si emigran muchos, en un momento dado ese Estado benefactor será insostenible.

Para que eso sucediera, explica, se tendrían que dar ciertas condiciones: los emigrantes deben estar tan desesperados que los supuestos beneficios compensen el tremendo coste económico y psicológico de la migración; de todos los destinos posibles, tienen que elegir Suecia; los ingresos por la beneficencia sueca deben ser mayores que trabajando en sus países; y por último, deben conformarse con la beneficencia, en vez de aspirar a mayores ingresos trabajando en Suecia.

Los inmigrantes son "una minoría selecta" de sus países, explica Legrain. Son los jóvenes con más ganas de trabajar y mayor espíritu emprendedor. Pero si lo que quieren es vivir de la beneficencia, Suecia sería el mejor país para hacerlo. Según datos de la OCDE de 2005, un inmigrante sin permiso de trabajo recibe del sistema sueco 103.000 coronas (11.030 euros) al año. Si tiene dos hijos, 167.500 coronas (18.000 euros). La cifra es tres veces superior al salario medio en Marruecos y cuatro veces el de Pakistán.

La razón principal de que no haya "inmigrantes de beneficencia" es que, incluso si están mejor con subsidios en Suecia que trabajando en su país, les va todavía mejor trabajando en Suecia. Deben pagar su viaje, deben enviar dinero a sus países y deben garantizarse un futuro.

Ese debate se puede plantear en España. ¿La atención pública y gratuita es una atracción? "No existe ninguna prueba de que Suecia, que probablemente tiene el sistema de beneficencia más generoso del mundo, actúe como un imán benéfico, así que es extremadamente poco probable que eso ocurra en España, incluso si elevara su nivel de protección social", asegura Legrain por correo electrónico.

Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, sí cree que las ayudas suponen una atracción, pero no en España. "En el norte de Europa existe ese imán", dice Oliver. "Hay una parte de lo que llaman seekers [buscadores], atraídos por ese Estado de bienestar muy generoso. En nuestro caso, no vienen buscando unas ayudas, que no existen como en los países nórdicos. Vienen buscando trabajo, que es lo que hay".

Oliver destaca que "hasta la jubilación de los inmigrantes, toda la literatura económica mundial apunta a que, si te entran individuos jóvenes, contribuyen más de lo que se llevan. El saldo es favorable. Su contribución excede a los beneficios de ese Estado de bienestar. Las pensiones no las cobrarán hasta que se jubilen". Eso significa que, por ahora, "los inmigrantes se pagan su estancia".

En España había 2.357.000 extranjeros legales a finales de 2007. De ellos, 1.316.000 estaban afiliados a la Seguridad Social. Sólo con su contribución a la caja, se pagan 900.000 pensiones. Los inmigrantes aportan el 7,4% de las cotizaciones de la Seguridad Social y sólo reciben el 0,5% del gasto en pensiones.

La Oficina Económica de La Moncloa elaboró un informe en 2006 muy revelador sobre este punto. Los inmigrantes, según ese estudio, suponen el 8,8% de la población española, pero absorben sólo el 5,4% del gasto público. Consumen el 4,6% del gasto en sanidad y el 6,6% en educación. Pero su aportación es el 6,6% de los ingresos totales. En total, su presencia en España supone un beneficio neto para el país de unos 5.000 millones de euros.

La situación es parecida en todos los países, también con un bajo nivel de protección social. En Estados Unidos, un estudio de la National Academy of Sciences concluyó que un inmigrante recibe unos 3.000 dólares del Gobierno estadounidense en toda su vida. Sus hijos serán contribuyentes netos al sistema a razón de unos 80.000 dólares cada uno a lo largo de su vida.

"Nuestros inmigrantes tienen entre veinte y pico y cuarenta y pico años", explica Oliver. "En los próximos 20 años empezaremos a tener que pagar una parte de lo que nos han avanzado. Esto, teniendo en cuenta su vida individual. Pero hay que ver también qué deja detrás de él. Si deja hijos con una formación más elevada, ganarán más dinero que él" y contribuirán más al sistema. Hay mucha probabilidad de que esto suceda, ya que "los hijos no tienen que adaptarse, como hizo el padre".

Pero los extranjeros también se hacen viejos. Y se quedan sin trabajo cuando vienen mal dadas. En estos casos no aportan al sistema y empiezan a ser receptores netos de ayudas: pensiones y subsidio de paro. ¿Sufre el sistema de bienestar? "Tienen derecho a las ayudas, porque han pagado impuestos y han contribuido a la economía y la sociedad cuando las cosas iban bien", opina Legrain. Actualmente, con el paro subiendo, la tasa de actividad es un 19% más alta entre los extranjeros.

Pero, aparte de tener derecho, "en general, la literatura económica sugiere que incluso considerando el pago de pensiones el saldo final es favorable para el que recibe la inmigración", asegura Oliver, aunque reconoce que "el debate sobre qué pasará cuando se jubilen es muy complejo".

La supuesta crisis de pensiones sucederá en torno a 2025. "En un sistema en que los viejos viven del ahorro de los jóvenes, ¿qué pasará cuando haya más viejos que jóvenes? La inmigración es una entrada de población joven y trabajadora. En general, la crisis no se va a superar sólo con la inmigración, pero contribuirá a mitigarla", opina Oliver.

Admitido que los inmigrantes no abandonan su familia y su cultura y se juegan la vida a cambio de un bocadillo de la Cruz Roja y sanidad gratis. Admitido que no son una carga para el sistema, sino más bien todo lo contrario. Cabe una última pregunta, ¿está justificada la percepción de que copan todos los servicios sociales? En España, esto tiene mucho que ver con un tema tan de actualidad como laberíntico para el gran público: la financiación autonómica.

"Lo de los servicios es parcialmente cierto", admite Oliver. "Es un error del sistema de financiación que ahora se está discutiendo. No puedes tener, como en Madrid y Cataluña, aumentos de población de 15% y mantener los mismos ingresos. El gasto público para la inmigración está muy concentrado geográficamente, pero los ingresos que genera esa inmigración se van al Estado central. El Estado se lleva los ingresos y los gastos son de otros. Los beneficios son macroeconómicos y los problemas, microeconómicos".

Carlos Clemente, viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, lo dice con sus datos: "En integración de los inmigrantes nosotros invertimos 1.500 millones de euros y el Estado 40. Los extranjeros están aportando al Estado 8.000 millones de euros. Sólo 200 millones van a las comunidades, que somos los que damos la educación, la sanidad, la vivienda, etcétera".

Clemente aclara que "los inmigrantes no copan los servicios públicos, son las rentas más bajas las que copan los servicios públicos. Inmigrantes y españoles". Especialmente cuando la inmigración ya no es un fenómeno nuevo. "Hace 10 años era más así, pero no ahora. Algunos ya son empleadores, por ejemplo. Al final, son como los que vienen a Madrid de otras provincias".

La coordinadora de la Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Junta de Andalucía, Carmen Escalera, asegura que "con los datos de 2006, la atención a la población inmigrante no regularizada es el 0,8% de las consultas de atención primaria" en Andalucía. "Es falso que colapsen los servicios sociales. Suponen un 0,6% de las visitas a domicilio y un 2,5% de las urgencias. En partos suponen un 4,6%. Eso nos viene hasta bien, porque es savia nueva".

¿Y cuando vayan envejeciendo? "Tendremos que ir adaptando el sistema", admite Escalera. Pero "se están dando reagrupaciones familiares, que se asumen la vida de aquí. A partir de ese momento, no se distinguen en nada de la población autóctona. Consumen los mismos recursos y a la vez generan la misma riqueza".

El Consejo Económico y Social se ocupa de este asunto en su Memoria 2007. El responsable del estudio, Jesús Cruz, dijo que España debe incrementar sus servicios sociales para toda la población para responder a "un imprevisible, rápido e intenso crecimiento, y está compuesta en un 10% por extranjeros".

Porque, como dice Josep Oliver, "al nativo que ve degradarse su barrio por un impacto migratorio muy grande, no se le puede explicar que la inmigración es buena para la economía". El catedrático da toda la razón a las comunidades que reclaman mayor financiación: "La garantía para que se integre y se quede la inmigración, que la necesitamos, es que se atiendan los gastos donde se producen, para que el bienestar de los nativos no se vea afectado. El dinero de la inmigración debe ser para el que se lo gana, para el que sufre ese impacto".

En una entrevista con EL PAÍS, el nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho reconocía que "un país en el que existe un contingente importante de inmigrantes no puede subsistir con un Estado de bienestar diseñado a la medida de cuando no los había".

Corbacho decía que el desarrollo económico "no es suficiente" para sostener el sistema, "porque el desarrollo económico necesita amplios contingentes de inmigración para sostenerse. Cuando a un país llega un amplio contingente de inmigrantes, el Estado de bienestar se debilita, a no ser que el Estado le inyecte más economía. Si no, puedes correr el riesgo de que el que llega se lleve la parte del Estado de bienestar porque su situación es peor que la del que está aquí, que su situación económica no ha cambiado, y éste deje de recibir lo que el Estado de bienestar le estaba dando. De ahí al conflicto, hay dos pasos". La solución, para Corbacho, sólo es una: "Poner más dinero".

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